Por: Yuset Puig y Dayana Menzoney
El ajetreo habitual del hospital pediátrico Mártires de Las Tunas a esa hora era más un silencio pesado. Lianet había estado toda la noche de guardia y luchaba contra el cansancio cuando las enfermeras eclipsaron su momento de paz: “Doctora, corra que parece que está muerta, no responde”. En ese instante no tenía idea de a quién vería.
Asegura que a la primera ojeada quedó en shock, pero el instinto profesional la hizo reaccionar pronto. Sacó el esteto, intentó escuchar sus latidos y otra vez solo hubo silencio. Rememora que no sabía cómo proceder, “no es normal, ni común enfrentar este tipo de situaciones, y no resulta fácil, a pesar de que todo el mundo crea que por ser médico lo es”.
Horas antes había visto a la mujer que ahora estaba en el suelo, realmente no la conocía, solo de pasada. Lo primero que albergó debajo de la bata blanca fue un miedo racional, “andaba un asesino suelto en un lugar que se supone que es seguro y yo no sabía quién era hasta ese minuto, me podía haber matado a mí…”.
Recordó la cantidad de veces que tenía que andar sola por aquellos pasillos, incluso, a las 3:00 am, para atender a un paciente. “Cuando me fui a casa pensé que no me afectaría, pero en cuanto vi a mi esposo empecé a llorar. Los próximos días estuve muy paranoica. No apartaba de mi cabeza el rostro de la mujer, y no sé por qué imaginaba al hombre que la mató sin haberlo conocido.
“No fui a trabajar a unas cuantas jornadas, las guardias siguientes fueron una tortura y ya prácticamente no duermo en el hospital, aunque el panorama esté tranquilo y pueda permitírmelo. Aun con el cuadro paranoico que desarrollé, en la institución no me brindaron apoyo psicológico. Por mi cuenta hablé con colegas psiquiatras y ellas me ayudaron. Una cosa me quedó muy clara: las mujeres estamos muy desprotegidas”.
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Cuando se apaga la vida de un ser humano queda, cuando menos, un halo de melancolía a su paso. Sin embargo, si se le quita intencionalmente la existencia a una mujer que está empezando a vivir y carga hijos, sueños, dolores de cabeza y desamores, entonces en cada pueblo, aparejado a la huella triste, los escenarios donde se perpetuó el crimen se inmortalizan con su debida carga de fatalidad.
En lo adelante se habla mucho de lo ocurrido, las redes sociales estallan, abundan los detalles sórdidos, hasta que la ventisca pasa, hasta el próximo lamento. Para quienes intenten nombrar las cosas por su nombre: femicidio; los micrófonos no encuentran respuestas, nadie quiere hablar del tema y los teléfonos no devuelven las llamadas, incluso, en el barrio la gente es reticente.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el femicidio es el asesinato intencional de mujeres que perpetran hombres motivados por el odio, el desprecio y la suposición de poder sobre ellas. Casi siempre son cometidos por la pareja actual o la anterior, y constituyen el resultado del maltrato repetido en los espacios privados, ahí donde la sociedad puede mirar, pero prefiere no hacerlo.
Aunque las fuentes no oficiales aseguran que en Cuba acumulan más de 70 femicidios en este año, y una se pierda en las fotos que cuelgan en las redes como respaldo, no existe aquí una institución que pueda dar fe de esta estadística, ni ningún documento legal lo reconoce. Sobre el fenómeno, tristemente en aumento, existe una bruma o tentativa de invisibilización, una mudez que duele.
El dato oficial más reciente del que se tiene noticias, publicado por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, perteneciente a la Comisión Económica para América Latina (Cepal), es que durante el 2019, en el país, 47 mujeres fueron ultimadas por su pareja o expareja.
Si algo resulta evidente es que hablar del asunto entraña pisar arenas movedizas porque no contamos con la información que necesitamos. En el propio 2019, el informe nacional de cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reportó una tasa de femicidios de 0,99 por cada 100 mil mujeres de 15 años o más, durante el 2016.
Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG-2016) confirmó que el 39,6 por ciento de las entrevistadas había sufrido violencia en algún momento de sus vidas, en el contexto de sus relaciones de pareja. Los más estudiosos del tema alertaron que los datos suponían los primeros pasos en un camino para incrementar estadísticas de este tipo en el país, pero la realidad ha mostrado otra cara.
Bajo la sombrilla tunera
María del Carmen Ramírez Peña, presidenta de la Sección Penal del Tribunal Municipal de Las Tunas, aclara a 26 que aun cuando la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) abogaron por llamar las cosas por su nombre durante el debate previo a la aprobación del nuevo Código Penal cubano, todavía la norma no tipifica de manera independiente el femicidio.
“Los delitos relacionados con las mujeres víctimas en el Código Penal (2022) establecen 22 tipicidades y se agravan cuando se trata principalmente de acoso laboral, amenaza, coacción y agresión sexual -enfatiza la jueza.
“En cuanto al asesinato, si bien no se recoge un apartado en específico que se nombre femicidio, en el Artículo 345 apartado 2 se hace una mención especial a este particular. Se sanciona con privación de libertad de 15 a 30 años, o privación perpetua, a quien cometa el delito por motivos de discriminación de género y a quien, de propósito, mate a un ascendiente o descendiente, o la persona con la que mantiene o ha mantenido una relación conyugal o de pareja de hecho afectiva”.
Ramírez Peña argumenta que en suelo tunero el delito más recurrente que llega a las instituciones es la amenaza, cuya denuncia ahora posee la mención especial de retirarla si la persona que la confirió lo decide.
“Es significativo el aumento de hechos delictivos en la provincia en los que las víctimas son mujeres. Eso está dado por el actual incremento del nivel delictivo y a que muchas veces ellas no denuncian los maltratos; retirar las acusaciones también influye en gran medida en la reincidencia de conflictos”.
Mientras, Lázaro Leandro Báez, abogado penalista, coincide en que entre los delitos que pueden surgir a raíz de la violencia de género o intrafamiliar, la amenaza sobresale como el principal. “Es el que vemos con mayor frecuencia en las Oficinas de Bufetes Colectivos (ONBC); son las mujeres, a mi criterio, el eslabón más débil en ese entramado.
“Considero que la violencia de género en el Código Penal está un poco ambigua. Es muy general. Se dice que es toda violencia que surge a partir de un entorno familiar o que el suceso de la misma lleve un enfoque de género. Circunscribe explícitamente la violencia de género a algo familiar y se enmarca en el sexo femenino.
“El Artículo 75 establece determinadas formas de actuar por los tribunales en este universo. Normalmente se busca alejar al hombre que agrede a una mujer, se pone en prisión provisional durante casi todo el proceso a fin de llegar al Tribunal y que ella, por lo menos en ese término de tres o nueve meses, reciba tratamiento psicológico, que lo establece la misma Ley, y esté totalmente separada del agresor.
“En las ONBC vemos generalmente al hombre que amenaza porque le fueron infiel o porque su pareja, de alguna manera, es la parte dominante de la relación.Tiene la opción de divorciarse, pero continúa con ella, y alcanza el punto del que hablamos, incluido el crimen. Es lo más común que desencadena en sucesos delictivos”.
Para el abogado resulta impactante que muchas de las que van en busca de sus servicios, que inicialmente formularon su acusación con el policía de guardia en el hospital, tras ser agredidas físicamente, no obtienen ayuda terapéutica, herramienta imprescindible para el curso del proceso.
“El Artículo 76, apartado 1, inciso B, refiere que el tratamiento psicológico es obligatorio en estos casos, y eso no está siendo así”, aclara Lázaro.
Los rostros entre las cifras
Desde la Fiscalía Provincial también suenan las alarmas. En lo que va de año se ha apreciado un aumento considerable de los hechos que se cometen contra mujeres y niñas, ya sea delitos de amenaza, agresión o agresión sexual. Más de 200 procesos relacionados con el tema corroboran el fenómeno, en el que despunta el municipio de Jobabo con las mayores incidencias.
Lisbeth Pavón Marchant, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales, comparte la impotencia que la invade cuando una mujer en pleno uso de sus capacidades retira la acusación contra un agresor y meses después es encontrada sin vida a manos del mismo victimario. “Siempre que acontece algo así es un retroceso de lo que queremos lograr como institución: proteger la vida.
“En este año hemos llevado adelante procesos por amenazas, homicidio, lesiones y asesinatos de mujeres -enfatiza la fiscal. En el quehacer investigativo con frecuencia descubrimos que el móvil está relacionado con los celos. Asimismo, es recurrente encontrar la agresión en las relaciones que no son largas en el tiempo, duran unos meses, rompen el vínculo y empiezan los problemas.
“Nos preocupa la cantidad de procesos que desestimamos, pues las mujeres retiran las acusaciones. Anteriormente, una vez efectuada la denuncia por amenaza, el Código Penal no daba la posibilidad de retirarla o desistir. Hurgamos con el objetivo de comprobar si actúan bajo coacción, pero hasta la fecha en ninguno de los casos investigados pudimos demostrar que se haya obligado o existió alguna incidencia por los familiares.
“Y recalco que en no pocas ocasiones esas mismas mujeres después perecen a manos del agresor. Es lo que estamos viendo en el ejercicio diario de la profesión. Estos eventos que involucran a mujeres poseen gran connotación porque los hombres en muchos casos se suicidan, entonces lleva un seguimiento por procesos penales y por el Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, pues generalmente quedan atrás menores de edad”.
La fiscal coincide en que la solución no radica en dictar sentencia, por más que se hayan propuesto actuar con puño duro, sino en un trabajo preventivo, de sensibilización y educativo, que imbrique a cabalidad, y desde la capacitación, a los órganos estatales judiciales, la familia y la sociedad.
Más allá del nombre, el delito
Caía la tarde cuando apareció por las cuatro esquinas. Quienes le miraron la cara aseguran que traía un brillo raro, como una euforia enmascarada, una “brujería”, recuerdan otros. Pidió un vaso de agua y esperó tranquilo a que apareciera la mulata que hacía semanas le negaba la palabra. La sombra de la noche comenzó a asentarse y escuchó la voz de la mujer…, entonces se arrimó más a un rinconcito oscuro.
No hubo discusiones acaloradas. Dicen que el grito ahogado primero y desesperado después fue quien alertó al barrio. A la hermana le pidió que huyera o la mataba también, y el machete dibujó zanjas en el cuerpo de la muchacha que alguna vez fue su pareja. Quienes lograron abrirse paso entre el objeto filoso, la rescataron hecha un manojo de carnes y la subieron a una pipa de agua con la intención de encontrar auxilio, pero ya era tarde.
Una de las vecinas ataviadas en sangre recogió de la tierra lo que quedó del zarpazo: una llave empolvada, una bolsa de pan y menos de 30 años de vida esfumados. El hombre del machete no dijo ni una palabra, se apartó hasta debajo de una escalera y esperó allí a que llegara la Policía. Lo primero que hizo fue entregar el arma.
Hablar sobre femicidios en Las Tunas, como en Cuba, es un impulso sin demasiados respaldos, aunque los rostros de muchachas felices se sigan silenciando en los vecindarios, en sus centros de trabajo. Más que el reconocimiento del término preocupa que ante el alza del fenómeno en cuestión, el aparato legislativo siga a la zaga de la tan anhelada Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, que no acaba de emerger.
Tras los micrófonos, varios profesionales del Derecho confesaron que les preocupa el crecimiento del potencial delictivo y la inexistencia de una norma que defina las características de la violencia de género intrafamiliar, su tipificación y las correspondientes sanciones penales. Aluden que es pobre el conocimiento que poseen.
Otros, en cambio, asumen como un total retroceso la posibilidad de retirar las acusaciones por amenazas. Bajo las mismas narices de la Ley, estas mujeres pierden la vida sin que legalmente puedan recibir la ayuda que a todas luces requieren.
De las entrevistas que posibilitaron estas líneas, desde el anonimato, brota la necesidad de capacitar más al personal que interactúa con las víctimas de violencia en las diversas instituciones, que muchas veces las hacen sentirse culpables e, incluso, desistir de exigir sus derechos.
Más allá de las cifras, la cotidianidad exige concretar escenarios más efectivos de prevención, atención y enfrentamiento a la violencia de género en todas sus etapas. Los más entendidos en la materia alertan sobre los protocolos que todavía no se cumplen y otros que no existen; la urgencia de una funcional ruta integral de protección a víctimas y de otras acciones pospuestas, como un abarcador programa de educación en género y sexualidad.
Desde nuestra perspectiva, también es preciso hacer cumplir cada nuevo paso de avance del sistema legislativo y apuntalar los entornos donde aún no llega la transformación jurídica. Resta, igualmente, el apoyo psicológico, una red mejor estructurada para enfrentar este problema social que continúa cobrando sangre y ante el cual, las más de las veces, muchas mujeres se siguen sintiendo desprotegidas.
(Tomado de Periódico 26)
